Atentados a periodistas por JD Santos
MEXICO
Denuncia reportera agresión de policías
El incidente ocurrió durante la cobertura de una manifestación de Antorcha Campesina
La reportera Rosa Ocejo, del medio Zunoticia, denunció que policías de San Felipe Orizatlán la agredieron mientras realizaba sus actividades periodísticas, además de impedir la cobertura de una manifestación de integrantes de Antorcha Campesina contra funcionarios de la presidencia municipal.
La concentración ocurrió la tarde de ayer, debido a que a los inconformes aseguraron que las autoridades locales no les recibieron su pliego petitorio; por lo que policías municipales resguardaron el edificio gubernamental para impedir el acceso. Fue durante esas acciones cuando impidieron el paso a la reportera. Ante la agresión, la periodista manifestó que acudirá a la visitaduría regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) para denunciar los hechos. Con ese asunto suman tres agresiones en el primer trimestre del año.
Hasta el momento, de las seis agresiones recientes que se cometieron contra personal de los medios de comunicación en ninguna se ha emitido una sentencia: en el penúltimo caso, el reporteo decidió no denunciar a los policías de Yahualica, reservándose las razones.
El gremio reporteril de la región solicitará mesas de trabajo de nueva cuenta para que las autoridades correspondientes atiendan y realicen acciones preventivas contra las agresiones a periodistas que se han suscitado en la Huasteca.
Los reporteros participarán en un curso-taller sobre cobertura de eventos penales y policiales para reforzar su experiencia con el conocimiento legal. Por otro lado, preparan una campaña para explicar la labor de los periodistas, dirigida a la sociedad en general y autoridades, con el objetivo de que no sea desconocida la labor, se eviten malentendidos y no se den más agresiones.
El código penal de Hidalgo, en su artículo 107 BIS, establece que: cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información, la libertad de expresión o de imprenta, se aumentarán hasta en una tercera parte las sanciones penales que correspondan al delito cometido, y se aumentarán hasta en una mitad cuando sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia.
(Salomón Hernández/elindependientedehidalgo.com.mx)
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5 de las 10 ciudades más violentas del mundo en 2017 son mexicanas (y Los Cabos ocupa el primer lugar)
También Acapulco, La Paz, Tijuana y Ciudad Victoria figuran en el ranking de las ciudades más mortíferas del planeta, según un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Los Cabos, en Baja California Sur, es la ciudad más violenta del mundo en relación al tamaño de su población. De este modo, cinco de las diez ciudades con mayor tasa de homicidios a nivel global se ubican en México.
Además de Los Cabos, las otras ciudades referidas con Acapulco (Guerrero); La Paz (Baja California Sur); Tijuana (Baja California) y Ciudad Victoria (Tamaulipas). Esto de acuerdo con el ranking 2017 de las 50 ciudades más violentas del mundo desarrollado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP).
El informe indica que con una tasa de 111.33 homicidios por cada 100 mil habitantes, Los Cabos fue la ciudad más violenta del mundo en 2017 e ingresó por primera vez al ranking.
En este sentido, Los Cabos pasó de tener una tasa de 61 homicidios en 2016 a 365 en 2017, un incremento de casi 500% en tan solo un año.
Con una tasa ligeramente inferior (111.19) se encuentra Caracas, en Venezuela, ocupó el segundo lugar y con una tasa de 106.63 el puerto guerrerense de Acapulco obtuvo la tercera posición.
De este modo, tres países, México, Brasil y Venezuela, concentran a las 10 ciudades con mayor número de homicidios por habitante del planeta.
CCSPJP
Otras ciudades mexicanas que figuran entre las 50 más violentas del planeta son Culiacán (Sinaloa); Ciudad Juárez (Chihuahua); Chihuahua; Ciudad Obregón (Sonora); Tepic (Nayarit); Reynosa (Tamaulipas) Mazatlán (Sinaloa).
«Ciertamente en 2017 las ciudades mexicanas estuvieron muy lejos de la tasa de casi 300 homicidios por cada 100 mil habitantes que alcanzó Juárez en 2010, pero el incremento de la violencia es innegable. Y ante la pregunta de por qué ha sucedido esto la respuesta es que se ha hecho lo contrario que en Honduras: no hay una acción para la erradicación sistemática de las milicias privadas de los grupos criminales y se ha permitido que la impunidad llegue a los peores niveles jamás registrados», señaló el CCSPJP en un comunicado.
El estudio revela una disminución de los homicidios en Centroamérica, principalmente en Honduras, donde la ciudad de San Pedro Sula obtuvo un decremento en el número de asesinatos por habitante.
En 2016 en San Pedro Sula se registró una tasa de 112.09 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en 2017 fue de 51.18: una baja del 54.34% en tan solo un año. De este modo, la urbe pasó de la tercera posición en el ranking en 2016 a la 26 en el de 2017 (y ocupó el primer lugar mundial en los años 2011 a 2014).
En 2016 en el Distrito Central se registró una tasa de 85.09 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en 2017 fue de 48.00: una baja del 43.59% en tan sólo un año. Con ello pasó de la posición cuarta en el ranking de 2016 a la 35 en 2017.
«Aquí está uno en la gloria», cuenta un amapolero que huyó de la violencia y ahora vende dulces en las calles de Cuernavaca
* Corrupción del PRI, violencia desenfrenada y espionaje amenazan la libertad de México en 2018
* 75% de los asesinatos en México en 2017 fueron ejecuciones del crimen organizado
( Manuel Hernández Borbolla/huffingtonpost.com.mx)
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México, el país más impune de América (y el cuarto en el mundo)
El Índice Global de Impunidad 2018 concluye que el crecimiento de la impunidad puede provocar el el «colapso total» de la justicia en México.
Esa es una de las conclusiones a la que llegan académicos de la Universidad de las Américas (UDLAP), tras los resultados que se desprenden del Índice Global de Impunidad (IGP) 2018.
«México empeora en los índices de impunidad global y estatal. El índice de impunidad en México aumentó tanto en el ámbito global como en el de los estados de la República. México ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI-2017) con 69.21 puntos (Croacia es el país con el menor índice con 36.01 y Filipinas tiene el puntaje más elevado con 75.6). México encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad», advierte el estudio.
En este sentido, los estados con los índices de impunidad más altos son: 1) Estado de México (80.06); 2) Tamaulipas (78.88); 3) Baja California (78.08); 4) Coahuila (77.88); 5) Quintana Roo (77.33); 6) Guerrero (76.08); 7) Aguascalientes (75.85); 8) Veracruz (75.62); 9) Puebla (75.59) y 10) Oaxaca (75.12).
La impunidad en México ha aumentado de forma importante en nuestra medición frente a 2016.»Juan Antonio Le Clerq, investigador involucrado en la publicación del informe.
«En 2016 nos decían que el principal problema era la estructura del sistema de justicia. Ahora ocurre algo muy interesante. Es peor el funcionamiento del sistema que la estructura. Lo que nos dice es que aumentaron un poquito las capacidades, pero no por eso está funcionando mejor», añadió.
En este sentido, el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, sostuvo que mantener el ritmo de crecimiento de la impunidad de los últimos dos años, podría significar el «colapso total» del sistema de justicia en el país.
Si este ritmo de impunidad continúa deteriorándose con la velocidad a la que hemos visto en los últimos dos años, es muy probable que lo que tengamos sea el colapso total del sistema de seguridad como el sistema de justicia de nuestra nación».Luis Ernesto Derbez.
«Eso es lo que debemos enfatizar y mandar el mensaje a quienes hoy buscan la presidencia del país», aseguró el excanciller y exsecretario de Hacienda.
El estudio también señala que la cifra negra, es decir los delitos no denunciados, se mantiene en un nivel muy alto e incluso aumentó casi un punto porcentual en dos años al pasar de 92.8% a 93.7% (Envipe, Inegi). Esto confirma que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y justicia para denunciar los delitos de los cuales fueron víctimas.
«Nada más se denuncian 7 de cada 100 delitos en México, por lo que ahí nada más tenemos el 93% de impunidad por la no denuncia de los delitos», señaló Derbez.
La impunidad ha aumentado prácticamente en todos los estados y las autoridades federales y estatales no están asumiendo una responsabilidad de resolver este asunto».Luis Ernesto Derbez.
Al ser cuestionados por las propuestas de los candidatos presidenciales en torno al combate a la impunidad, Gerardo Rodríguez Sánchez, investigador encargado del estudio, indicó que la propuesta de Ricardo Anaya de impulsar un comité internacional que acompañe a México en investigar casos graves de corrupción, como ocurrió en Guatemala, es viable aunque tendría que ser respaldada por todo el Estado mexicano.
Sobre el tema de la amnistía propuesta por Andrés Manuel López Obrador, consideró que dicha iniciativa no toma en cuenta a las víctimas.
«Es una propuesta que se tendría que estudiar», dijo Rodríguez sobre la propuesta del frente PAN-PRD-MC. «El tema de la amnistía es mpensable», apuntó.
( Manuel Hernández Borbolla/huffingtonpost.com.mx)
GUATEMALA
«Nos preocupa la violencia, acoso y estigmatización de defensores y periodistas en Guatemala»: ONU
Periodistas guatemaltecos manifiestan para denunciar un ataque contra sus colegas, en la Ciudad de Guateamala, el 11 de marzo de 2015 Periodistas guatemaltecos manifiestan para denunciar un ataque contra sus colegas, en la Ciudad de Guateamala, el 11 de marzo de 2015
El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó a Guatemala sus serias preocupaciones por la situación de los periodistas y los defensores de derechos humanos, y solicitó al Estado información precisa acerca de sus programas y políticas para proteger la integridad de quienes ejercen estas labores.
Ayer en Ginebra, durante el examen de Guatemala por parte de este comité de la ONU, la experta estadounidense Sarah Cleveland dijo a la delegación estatal encabezada por Jorge Luis Borrayo, que «al parecer la violencia y el acoso vienen de la mano de campañas de desprestigio y estigmatización hacia el trabajo de defensores y periodistas».
Retomando la información proporcionada por la sociedad civil, en particular del informe alternativo presentado por Cerigua, IFEX y la Red Internacional de Derechos Humanos, la experta señaló a los delegados que en Guatemala han sido asesinados 30 periodistas desde 2013 y recalcó que los profesionales de la prensa que han resultado más afectados son aquellos que investigan casos de corrupción, crimen organizado y narcotráfico, y todavía más quienes ejercen su oficio por fuera de la capital.
Una vez señaló estas preocupaciones, la experta recordó a la delegación que Guatemala adquirió en 2012 ante la ONU el compromiso de crear un programa de protección de periodistas que hoy, seis años después, aún no existe, por lo que preguntó en qué estado se encuentra el trámite necesario para poner en marcha el programa al que se refirió como «una política cabal y eficaz para la protección de los periodistas, que enfrente las causas estructurales de estos ataques y los proteja de la violencia y el acoso».
De igual manera, la experta manifestó su inquietud por la impunidad que caracteriza la violencia contra los periodistas en Guatemala y pidió a la delegación informar qué medidas se tienen previstas para investigar y sancionar a los responsables de las agresiones, especialmente en las zonas rurales; en el mismo sentido, solicitó datos acerca de los procedimientos judiciales establecidos a partir de las denuncias de ataques contra periodistas y defensores, así como de los resultados de estas pesquisas.
Adicionalmente, pidió información sobre las acciones del Estado para combatir la estigmatización y las campañas de desprestigio contra los periodistas e indagó por la formación proporcionada a fiscales y jueces sobre la importancia de los derechos a la libertad de expresión y de asociación; así mismo, Cleveland demandó cuáles son los mecanismos con los que cuenta el Ministerio Público para garantizar que los procedimientos penales no sean utilizados para acosar a los periodistas y defensores de derechos humanos.
Al tomar la palabra para responder al Comité, la delegación de Guatemala abordó muchos otros de los temas planteados por los expertos, pero se abstuvo de referirse a lo concerniente a la libertad de expresión y la situación de los periodistas; no obstante, se espera que responda por escrito a estas preguntas pendientes, para lo cual tiene un plazo de 48 horas, que concluyen mañana a las 6:00 am, hora de Guatemala.
El Comité examinará toda la información proporcionada por el Estado y el próximo 6 de abril publicará sus recomendaciones con miras a orientar la correcta implementación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El instrumento internacional por cuya aplicación vela este grupo de 18 expertos de la ONU.
Guatemala, que ratificó este Pacto en 1992, debe asistir cada cinco años a un examen ante el Comité; para esta, la cuarta comparecencia del Estado, el periodista de Cerigua Héctor Coloj acudió a Ginebra en donde se reunió con los expertos y les informó personalmente acerca de la situación de los profesionales de la prensa en el país.
(Este artículo fue publicado originalmente en panorama.ridh.org el 14 de marzo de 2018. Panorama es un órgano de comunicación y prensa de la RIDH (Red Internacional de Derechos Humanos).
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ARGENTINA
Leopoldo Moreau asumió en la Comisión de Libertad de Expresión
El legislador, que justificó la agresión al periodista Julio Bazán, estará al frente del cuerpo que hasta diciembre presidió Remo Carlotto, del Movimiento Evita.
Luego de asumir, Moreau negó haber justificado las agresiones al periodista de TN y Canal 13 Julio Bazán durante los incidentes de diciembre pasado frente al Congreso, cuando se debatió la reforma previsional.
La designación de Moreau, propuesta por la diputada del FPV-PJ Gabriela Cerruti, fue acompañada por la mayoría de los bloques parlamentarios, con una objeción de la diputada de Cambiemos Karina Banfi (UCR), quien explicó que la propuesta de nombrarlo surgió de «la representación proporcional» de la Cámara baja y se hace, dijo, «entre los bloques y no entre los diputados». «Es exclusiva responsabilidad de cada bloque», explicó.
Tras recordar que el kirchnerismo había impedido en marzo de 2014 la asunción del ex vicepresidente y ahora senador nacional del radicalismo, Julio Cobos, al frente de la comisión de Educación, Banfi aseguró que Cambiemos no iba a adoptar la misma actitud del FPV-PJ, al señalar: «No vamos a hacer lo que no nos gusta que nos hagan».
De todos modos, la diputada radical bonaerense le reclamó a Moreau que le pidiera disculpas al periodista Julio Bazán ya que *»sería una buena manera de comenzar»*, al hacer referencia a las declaraciones del diputado cuando afirmó que el periodista»no solo fue víctima de un grupo de inadaptados, ha sido víctima del grupo donde trabaja».
Moreau, a su turno, le respondió a Banfi con ironía. «No sé a quién le está dando explicaciones, si a un diario o al pueblo. Yo como diputado doy explicaciones al pueblo y no a un diario», sostuvo. Al tiempo que aseguró: «Hay que pedir explicaciones a los poderes públicos para que determinen quiénes son los culpables por las agresiones, porque ni la Justicia ni el Ejecutivo hicieron nada para identificar a los agresores de los 33 periodistas agredidos».
«Yo no pido disculpas sobre mentiras. Fue una mentira de Clarín. Yo no agredí a Bazán. Dije que hay violencia por las mentiras. Voy a hacer lo que no hizo el Gobierno, que es tratar de averiguar quién lo agredió. Es la mejor manera de defender la libertad de expresión», señaló Moreau en declaraciones a la prensa.
Moreau será acompañado en la vicepresidencia de la comisión por las diputadas Orieta Vera (CC-ARI), como vicepresidenta primera, y Silvia Horne (Movimiento Evita), como vicepresidenta segunda.
REPUBLICA DOMINICANA
SNTP organiza equipo jurídico para acompañar a periodistas víctimas de agresiones
, SANTO DOMINGO.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), ve con altos niveles de preocupación, la cantidad de periodistas y otros trabajadores de la prensa que han sido intimidados, asaltados y su vivienda robadas, en los últimos días en diferentes puntos de la capital y en interior.
Las intimidaciones, robos, asaltos y maltratos a comunicadores por parte de desconocidos, delincuentes comunes, agentes de la DNCD, se han producido en las provincias Montecristi, Monte Plata, en el municipio Jarabacoa, provincia la Vega, provincia Santo Domingo y en Distrito Nacional.
El SNTP designó al grupo de jurista bajo la coordinación del abogado y periodista Daniel Morena Cárdenas, y el propio secretario general del gremio, José Beato.
Beato, secretario general del gremio, dijo que en el SNTP está muy pendiente a una serie de eventos que en los últimos días le han venido sucediendo a los trabajadores de la prensa, entre estos, los asaltos a los periodistas Juan Carlos Bisonó presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), y Denise Polanco de Gómez.
Las amenazas e intimidaciones a la periodista Elbania Flores, de Noticias Telemicro canal 5, por parte de supuestos familiares del empresario Ángel Rondón, hecho que quedó subsanado, así como a Indira Vásquez y su camarógrafo José Manuel, de Teleuniverso canal 29, en la región del Cibao, elevaron los niveles de alerta en el gremio antes los peligros que se exponen cada día los periodistas, fotógrafos, choferes y camarógrafos.
Y más reciente la agresión a la periodista Ninosca Ulloa, reportera del noticiero Noticias 16, quien fue agredida en la avenida Sarasota de esta capital, en un intento de asalto que le produjo laceraciones en una de sus manos y la pierna izquierda por parte de desconocidos que planearon robarle su cartera y otras pertenencias.
Entre los actos intimidatorios que han sufridos los miembros del SNTP, se señalan el tiroteo que fue objeto la casa del comunicador del municipio Jarabacoa Odalis Payano, y el envenenamiento de dos gallinas y un perro en la residencia del periodista Hipólito Bautista, en la Provincia Monte , además de la agresión al también reportero José Luis Contreras ( Mendo), en Montecristi.
De igual forma alarmó el allanamiento a la vivienda del periodista Francisco Peralta (Chilote), en la provincia Valverde (Mao línea en la
fronteriza), en horas de la madrugada por parte del Ministerio Público supuestamente por error, aunque este comunicador es ampliamente Conocido en la región.
También fueron víctimas de robos y amenazas por parte de supuestos delincuentes comunes, la periodista milagros Abad, quien fue asaltada en su residencia ubicada en el Distrito Nacional. La periodista labora en el hospital Salvador B. Gautier.
Dentro de esta lista que se señala también fue golpeado el reportero gráfico Juan Valenzuela del Periódico el Caribe y al comunicador Ramón Emilio Rodríguez, director de la emisora CTC, del municipio Boca Chica, le fue robado su teléfono móvil, mientras que en la provincia Monseñor Noel, Bonao fue violentada la jeepeta del periodista Santiago Pito Acevedo.
(EL NUEVO DIARIO)
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Otros periodistas dominicano reciben amenaza de muerte
En dos hechos por separados las vidas de dos comunicadores corren peligro. Se trata primero del atentado que sufriÓ el comunicador Odalis Payano, en Jarabacoa, quien pidió al comandante policial y a la dependencia de la fiscalía de ese municipio investigar el caso y someter a la justicia a los responsables.
De acuerdo a Olivo De León, coordinador general del Movimiento Marcelino Vega, a las 2:35 de la madrugada del lunes 5 de Marzo, personas no identificadas que se transportaban en un vehículo, realizaron varios disparos contra la vivienda de Payano, ubicada en el sector Avenida La Confluencia de Jarabacoa, logrando impactar una bala su vehículo estacionado en la marquesina.
Dijo que Payano, quien produce y conduce el programa Super Kan que se trasmite por Telever, canal 12 de ese municipio, sufrió el susto de su vida al despertarse por los disparos, por lo que corrió con su familia, a refugiarse en el baño de su casa. Pidió a la teniente coronel, Rosa Lozada, quien comanda la Policía Nacional en Jarabacoa, que no escatime esfuerzos para identificar a los responsables de este atentado, de manera que sean castigados por su intento de asesinar al comunicador.
El otro caso sucedió con el periodista, Adolfo Paniagua, corresponsal del Listín Diario en Constanza, quien ha recibido amenazas y que teme por su vida y le envió un correo interno, a su colega Ricardo Santana, donde menciona a los que pueden ser responsables, si algo le pasa, grave, leve ó de emergencia.
El pecado amenazante de Adolfo Paniagua, gran profesional, amigo, honesto …y objetivo como periodista, consiste en que se ha opuesto a algo irregular que ocurre en su vecindario de Constanza, donde vive y ahora lo están amenazando de muerte.
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BOLIVIA
Imputado por intento de homicidio de periodista Yavarí fue liberado
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció que la tentativa de homicidio contra el periodista de Villamontes (Tarija), Adolfo Yavarí, terminó con una sanción simple por lesiones graves o leves que benefició al agresor con un proceso abreviado y su liberación en la jornada de ayer.
“La ANP expresa protesta vehemente por la vulneración del principio de legalidad debido a la mala adecuación del tipo penal a la conducta del acusado Isaac Nogales Rocha que, el pasado 18 de septiembre de 2017, irrumpió en el domicilio de Yavarí, junto a una mujer, portando un cuchillo y una piedra”, expresó la organización que representa a los principales diarios bolivianos y una agencia de noticias.
Un juez aplicó una pena leve de tres años de presidio a Nogales, en lugar de la sanción de 12 años de reclusión, y mientras goce de libertad sólo cumplirá medidas condicionantes.
Durante el ataque, el agresor cercenó el dedo pulgar de la mano izquierda a dentelladas a Yavarí que quedó con 35 días de impedimento. En ese momento, el comunicador presentó una querella por homicidio en el grado de tentativa.
“El fiscal, Álvaro Arce, y el juez, Marco Maraz, debieron considerar la intención de atentar contra la vida de Yavarí, antes de emitir este fallo”, señala el pronunciamiento de la ANP.
La organización periodística que siguió el proceso desde el día de la agresión, reiteró su pedido de cese de la impunidad contra agresores de periodistas, y exige a la justicia que se sancionen acciones orientadas a silenciar la palabra independiente de medios y comunicadores.
UN ABSURDO
“Es un absurdo que se haga una imputación por tentativa de homicidio y luego se la reemplace por lesiones graves y leves”, señala la ANP que reclamó al juez el cumplimiento de la función de velar por las garantías de la víctima.
El pasado 21 de septiembre, la Unidad de Monitoreo de la ANP reportó que en audiencia de medidas cautelares, el agresor Issac Nogales fue imputado por tentativa de homicidio, lesiones graves y allanamiento de morada, y en la oportunidad la abogada querellante Kirtha Melgar advirtió que correspondía una sanción de 12 años de prisión.
Durante la audiencia cumplida el pasado jueves 8 de marzo en la ciudad de Yacuiba, el juez Maraz admitió el pedido de la Fiscalía y de los abogados defensores de Isaac Nogales Rocha para que el acusado se acoja a un juicio penal abreviado en el que se declaró culpable de causar lesiones graves y leves, a cambio de una pena mínima.
PENA LEVE
El juez Marco Maraz impuso la sanción solicitada por el fiscal Álvaro Arce de tres años de reclusión, que de acuerdo al Código Penal boliviano contempla medidas sustitutivas a la cárcel. La co-imputada, Licia Arispe, también quedó en libertad con el cargo menor de allanamiento de morada.
El juez Maraz incluyó en la sentencia la prohibición para Nogales de acercarse a la víctima, la prohibición de cambiar de residencia sin autorización judicial, la obligación de comparecer una vez por semana ante el Ministerio Público para firmar un libro de actas, la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y la obligación de acudir a tratamiento sicológico, además de cubrir los costos legales de la audiencia final.
“NO ESTOY CONFORME CON EL FALLO”
“No estoy conforme con el fallo, pero debo admitir que mi anterior abogado defensor no aportó las pruebas suficientes para que Rocha fuera acusado de tentativa de homicidio. El proceder de los fiscales tampoco fue el mejor. Es por eso que el juez aceptó la solicitud de un juicio abreviado”, manifestó el comunicador.
Adolfo Yavarí dijo que la sentencia no tiene relación con el daño físico permanente que le fue infligido y el perjuicio económico sufrido luego de varias semanas de impedimento. Yavarí ha retomado sus labores en su programa radial y dijo que los gastos en que ha incurrido fueron solventados con apoyo de sus hermanas.
El ataque fue atribuido a una represalia por los informes periodísticos de Yavarí, en radio FM 95.5, sobre supuestas irregularidades en la Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA), de la cual Nogales era funcionario.
Villamontes cuenta con más de 40.000 habitantes según el último censo y es una de las principales poblaciones del Chaco boliviano, al sur del país, región que colinda con Argentina y Paraguay, donde hay poca presencia del Estado boliviano y con un historial de graves atentados contra periodistas y medios de comunicación.
El 29 de octubre de 2012, el radialista Fernando Vidal y su operadora Karen Anze fueron atacados por cuatro personas que los rociaron con combustible y les prendieron fuego, durante un programa de radio opular de Yacuiba en el que se transmitían denuncias de supuesta corrupción en el Control Operativo Aduanero.
En enero de 2013, Gualberto Ángel Cuenca fue enviado a la cárcel acusado de ser el autor material del atentado, empero el radialista Vidal afirmó desconocerlo y por tanto consideró que fueron otras las personas que planificaron el ataque.
Yacuiba, capital de la provincia Gran Chaco, es una ciudad con cerca de 100.000 habitantes y que en la madrugada del 21 de junio de 2008 fue escenario de un atentado con dinamita a las instalaciones de Canal 4 de Televisión, sin víctimas fatales. Minutos después de la detonación fue detenido el militar George Peter Nava, vestido de civil, que al huir colisionó un jeep en el que se encontraron armas, explosivos y su credencial de miembro de seguridad del Presidente Evo Morales. Empero, fue liberado porque los policías que lo detuvieron no se presentaron a declarar en el proceso.
(Villamontes – ANP)
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